Web contable / Entrevistas: actualidad contable / "Es necesario asumir un nuevo paradigma en los despachos consistente en la utilización del compliance en prevención de blanqueo"


Gregorio Labatut

Profesor de la Universidad de Valencia
Presidente de Honor del Instituto de Expertos en Blanqueo de Capitales (INBLAC)



¿Qué se pretende con esta nueva regulación?

El Reglamento llega con más de tres años de retraso, puesto que en la Disposición final quinta de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y FT, se indicaba que en el plazo de un año el Gobierno desarrollaría los contenidos de la Ley en un nuevo Reglamento. La Ley entró en vigor el 30 de abril de 2010, por lo tanto se ha sobrepasado en más de tres años el plazo máximo concedido al Gobierno.

Pese a que la Ley expone muchas cuestiones con un excesivo detalle más propio de una reglamentación, también es cierto que en algunos puntos remite al futuro Reglamento. Por este motivo se hacía necesario el desarrollo reglamentario, especialmente en cuanto a determinadas obligaciones formales que resultaban ciertamente confusas.

¿A qué profesionales afecta esta norma y qué obligaciones han de cumplir?

La norma afecta a un considerable número de profesionales, hasta el punto que el artículo 2.1 de la Ley 10/2010 enumera tantos profesionales y actividades como letras tiene el abecedario. Aunque entre estas actividades se distinguen principalmente las financieras, también son destacables otras como las ejercidas por promotores inmobiliarios, notarios, registradores de la propiedad, abogados, juego, joyeros, anticuarios, galeristas, medios de pago, etc.

No obstante, resulta necesario resaltar que en el ámbito profesional son sujetos obligados los auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales, por lo que afecta notablemente a los despachos dedicados a estas actividades.

<<La norma afecta a un considerable número de profesionales, hasta el punto que el artículo 2.1 de la Ley 10/2010 enumera tantos profesionales y actividades como letras tiene el abecedario.>>

 

En cuanto a las obligaciones, son tan numerosas que no vamos a detenernos en enumerarlas. Pero me gustaría mencionar dos obligaciones que resultan fundamentales: en primer lugar, la diligencia debida que debe observar cualquier sujeto obligado con sus clientes, consistente en realizar una identificación del titular real, tener conocimiento de sus operaciones y, finalmente, llevar a cabo un seguimiento de las mismas.

Por otro lado, existe un deber de comunicación al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) de aquellas operaciones sospechosas que, tras un examen especial por parte del sujeto obligado, pongan de manifiesto la existencia de posibles delitos de blanqueo de capitales.

Para acometer correctamente estas dos obligaciones principales existen una serie de procedimientos, como son realizar un análisis de riesgo de blanqueo de nuestros clientes, tener un protocolo interno de actuación (manual de procedimientos), etc. Todo ello facilita e imprime seguridad a las actuaciones, pues el incumplimiento de estas obligaciones puede desencadenar cuantiosas sanciones y, en último término, incluso podrían derivar en responsabilidad penal.

Dentro de los procedimientos de control interno se establecen unos umbrales. ¿Han variado respecto al proyecto de Reglamento que conocíamos?

Comparativamente, el tema de los umbrales no ha variado mucho en cuanto a los parámetros, pero sí en cuanto a las obligaciones concretas que tienen que llevar a cabo ciertos sujetos obligados. Más aún, el Reglamento resulta muy confuso en la exención de determinadas obligaciones.

Recientemente se celebró en Valencia la "I Jornada en Compliance sobre Prevención de Blanqueo de Capitales", que tuve el honor de dirigir. Precisamente, en esta Jornada se debatió sobre el Reglamento y sobre el controvertido régimen de umbrales. Como ponentes de la Jornada intervinieron expertos pertenecientes al SEPBLAC, INBLAC, Dirección General de Tributos de la Generalidad Valenciana y socios de despachos penalistas y de auditoría de reconocido prestigio; y dado que la Jornada se celebró escasos días tras la publicación del Reglamento en el BOE, tuvimos la oportunidad de poner de manifiesto las contradicciones del Reglamento.

En concreto, la conclusión con respecto al polémico artículo 31.1 del Reglamento en el que se establecen el régimen de umbrales, es que el Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales no puede eximir de obligaciones impuestas claramente por la Ley, sobre todo cuando en la misma no se contemplan estas excepciones.

¿Cuáles considera que son los aspectos más controvertidos de la norma o que pueden generar más dudas a los profesionales?

Pues precisamente el redactado del mencionado art. 31.1 del Reglamento. En él se indica lo siguiente:

"Los corredores de comercio y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive (entre los que se encuentran los auditores de cuentas, contables y asesores fiscales), que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, quedan exceptuados de las obligaciones referidas en este artículo y en los artículos 32, 33, 35, 38 y 39."

Respecto a esto, en la Jornada de Valencia se puso de manifiesto la siguiente interpretación por parte de los profesionales asistentes:

a. La referencia a los corredores de comercio debe ser un error, y posiblemente se refiera a los corredores de seguros puesto que estos profesionales no existen desde hace años.

b. Existen dos obligaciones fundamentales y el Reglamento no puede eximir de ellas a ningún sujeto obligado. Estas dos obligaciones fundamentales son: Diligencia debida con respecto a los clientes y obligación de comunicación de las operaciones sospechosas al SEPBLAC, tras un examen especial de las mismas.

 

<<Existen dos obligaciones fundamentales y el Reglamento no puede eximir de ellas a ningún sujeto obligado: Diligencia debida con respecto a los clientes y obligación de comunicación de las operaciones sospechosas al SEPBLAC, tras un examen especial de las mismas.>>

Para poder cumplir estas dos obligaciones con ciertas garantías existen una serie de procedimientos que facilitan su cumplimiento, tales como:

- Análisis de riesgos (art. 32 del Reglamento)
- Elaborar un manual de prevención (art. 33 del Reglamento)
- Nombrar un órgano de control interno (art. 35 del Reglamento)
- Realizar un examen por experto externo (art. 38 del Reglamento)
- Formación del titular y los empleados (art. 39 del Reglamento)

Entiendo que la obligación de implementar estos procedimientos podría relajarse en el Reglamento para los sujetos obligados cuya actividad sea de menor tamaño, pero nunca deberían anularse totalmente si no lo contempla la Ley y, precisamente, en este aspecto es donde el Reglamento se excede en sus atribuciones.

En general, un reglamento no puede contradecir lo dispuesto en la Ley que desarrolla y, más allá, ambas normas deberían estar perfectamente alineadas en, al menos, las cuestiones esenciales. Lo contrario crea confusión e indefensión en los profesionales obligados. Lamentablemente, esta situación es la que se produce en este Reglamento, lo que hace necesaria una oportuna y pronta corrección por parte del organismo correspondiente.

Finalmente, ¿destacaría alguna cuestión importante en la prevención del blanqueo de capitales?

Pues ciertamente hay tres cuestiones que me gustaría resaltar:

La primera, el delito del blanqueo de capitales es consecuencia de otro delito previo. En este sentido, es interesante destacar el delito contra la Hacienda Pública como delito subyacente del delito de blanqueo de capitales. Pero esta cuestión debe ser abordada con mucha prudencia dada la última jurisprudencia al respecto.

La segunda, se hace necesario asumir un nuevo paradigma en los despachos profesionales, consistente en la utilización del compliance en prevención de blanqueo como mecanismo propio de protección de la empresa ante los riesgos del delito de blanqueo y reducción de riesgos de situaciones no deseadas.

La tercera y última, recomendar a los sujetos obligados que acudan a expertos en la materia, y este es uno de los objetivos que tiene el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de capitales (INBLAC), dedicado a aunar los esfuerzos de los expertos externos para poder dar un servicio con garantías a los sujetos obligados, así como ser un órgano de interlocución válido ante la Administración.

Fuente: Newsletter AECA Nº 94 -Mayo 2014