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José Barea Tejeiro

Catedrático Emérito de la UAM y Presidente de Honor de AECA

 

¿Qué retos tiene España para superar el déficit en el sistema público de pensiones contributivas?

Dos retos tiene el sistema de pensiones públicas: la equidad y el envejecimiento de la población que lo hacen insostenible.

El reto de equidad horizontal del sistema deriva de que no se da proporcionalidad; lo aportado por cotizaciones sociales (del empresario y del trabajador) durante la vida laboral es inferior a lo percibido a lo largo de la vida por pensiones de jubilación y de viudedad, resultando tasas internas de retorno muy elevadas, del 4,43% con 35 años cotizados, del 5,40% con 25 años y del 7,81% con 15 años de cotización. Las tasas de sustitución que resultan actualmente entre el último salario de activo por el que se cotiza y el importe de la pensión del primer año son del 91,8% por 35 años cotizados, del 73,5% por 25 años y del 5,75% por 15 años cotizados; para que el sistema fuera equitativo las tasas de sustitución deberían ser del 62,82%, 43,84% y 24,85%, respectivamente. Las diferencias de estos porcentajes muestran la falta de proporcionalidad del sistema y su falta de viabilidad futura. A pesar de que en España la mortalidad y la fecundidad son de las más bajas del mundo, su grado de envejecimiento no es tan fuerte como en la mayoría de los países de la Unión Europea, ya que España se ha estado beneficiando de su mayor fecundidad en épocas pasadas, de la fuerte caída de la mortalidad y de la gran inmigración habida. Sin embargo las generaciones numerosas del pasado van llegando a la edad de jubilación, reduciéndose simultáneamente las entradas por la base de la pirámide a consecuencia de la caída de la natalidad, con lo que aumentan los índices de envejecimiento a un ritmo mayor que en otros países.

 

¿Qué reformas tiene que acometer España para hacer sostenible el sistema de pensiones? ¿Es tan necesario retrasar la edad de jubilación?


Para hacer sostenible el sistema de pensiones públicas contributivas es necesario que el Gobierno proponga al Parlamento las dos medidas siguientes:

a) Calcular la base reguladora de la pensión por todo el período contributivo y no por los últimos quince años, como sucede ahora. Esto haría bajar automáticamente la tasa de sustitución, ya que durante los últimos años es cuando más cobra el trabajador y por tanto cuando se da una mayor incidencia en la base reguladora de la pensión. Por otra parte se atenuaría la falta de equidad (proporcionalidad) del sistema.

b) Retrasar la edad de jubilación a los setenta años, con lo cual se cotizarían cinco años más y se cobraría la pensión durante cinco años menos. Su justificación se encuentra en que cuando se establecieron los sistemas de pensiones públicas la edad media de entrada en el mercado de trabajo era de 18 años y hoy es de 23 años; por tanto se cotiza cinco años menos. Por el contrario, la esperanza de vida ha aumentando en cinco años, lo que como media quiere decir que se cobra pensión durante cinco años más. La medida propuesta restablece la proporcionalidad que existía entre años de cotización y años de cobro de la pensión.

Algunos autores proponen la solución de transformar el sistema de reparto en uno de capitalización. Tal transformación es financieramente imposible, ya que la Seguridad Social no tiene constituidas las provisiones matemáticas para tal salto, que se ha estimado para España en dos veces el PIB. Otros autores han dicho que con el Fondo de Reserva de las Pensiones que se ha constituido el problema ha quedado resuelto. Parecen ignorar que el citado Fondo no hace desaparecer el déficit en las pensiones, pues es exclusivamente un instrumento para financiar el déficit sin tener que acudir al mercado de capitales.

¿Es sostenible la financiación del déficit exterior español?

 

En mi intervención en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el 14 de noviembre de 2006 sobre el tema "¿Es sostenible la financiación del déficit exterior español?" puse de manifiesto que el déficit exterior era el reflejo de un crecimiento desequilibrado centrado en el aumento del consumo y de la inversión en viviendas de las familias, cuyo gasto crece muy por encima de su renta disponible, lo que a largo plazo lo hace insostenible y por tanto su financiación. La rapidez del crecimiento de la deuda de las familias, así como el sesgo de la inversión hacia la construcción de vivienda son elementos que ponen de manifiesto el excesivo crecimiento de la demanda interna, y al mismo tiempo que el aumento de la deuda no podrá mantenerse de forma indefinida, ya que el gasto de las familias se ha hecho más vulnerable a cambios en el precio de la vivienda, en el tipo de interés y en el empleo.

La causa del fuerte déficit exterior es también la continua pérdida de competitividad de nuestra economía, desde el ingreso en la UME, a causa del continuo diferencial de inflación con la media de los Estados miembros de la Unión, que ha sobrepasado los once puntos desde nuestro ingreso en la Unión Europea. Al no poder efectuar la depreciación real de nuestra economía a través del tipo de cambio, como sucedía con anterioridad a nuestra entrada en la UME, la única solución se encontraba, dijimos, en una recomposición de los precios relativos a través de un ajuste en el comportamiento de los precios y salarios, que dé lugar a que nuestros costes crezcan a un ritmo menor que los de los países con los cuales España comercia.

Dijimos que la sostenibilidad de la financiación del déficit exterior español dentro de la UME no es sólo un problema macroeconómico sino microeconómico, relacionado con la percepción que los prestamistas tengan a largo plazo de la solvencia de los prestatarios, y por tanto del riesgo que puede correr la operación planteada. El nuevo Gobierno que salió de las elecciones de 2004 no se preocupó de ir cambiando paulatinamente el modelo de desarrollo, sino que lo impulsó aun más, sin efectuar reforma estructural alguna. La consecuencia de tal política ha sido el derrumbe de nuestra economía y la fuerte tasa de paro, que seguirá creciendo ante la falta de medidas. A la crisis de nuestro modelo de crecimiento basado en decisiones propias, se ha unido posteriormente una crisis financiera mundial originada en Estados Unidos en el segundo semestre de 2007.

La falta de ética de los grandes ejecutivos ha sido considerada como una de las causantes de la crisis financiera mundial ¿Hasta qué punto cree que la gestión pública también ha contribuido a esta crisis?

Las políticas públicas que tratan de compensar el funcionamiento defectuoso del mercado adoptan la forma de asignación legislativa de la Administración Pública de funciones específicas a uno u otro organismo público para producir determinados bienes o servicios para corregir las deficiencias del mercado. Estas actividades son de cuatro clases: servicios reguladores, bienes públicos puros, bienes preferentes y transferencias o cesión de impuestos a otros niveles de gobierno para que suministren los servicios de su competencia.

Una de las causas de la actual crisis financiera mundial es que los organismos reguladores y supervisores de los mercados financieros no han establecido la correspondiente normativa para controlar determinadas operaciones financieras muy complejas y difíciles de entender por no especialistas, como los denominados productos estructurados. Tales operaciones eran ofrecidas con tipos de rendimientos elevados, que hacían muy atractiva su demanda por los ciudadanos, ya que eran ofrecidos por instituciones financieras que venían siendo consideradas serias y solventes.

<<Las primeras medidas a adoptar tienen que ir dirigidas a corregir desequilibrios de déficit presupuestario y de déficit exterior.>>

 

La Administración Pública puede por ello considerarse causante por omisión, al haber autorizado tales productos sin la oportuna regulación. Se trata de un fallo de mercado que no fue previsto por el poder público. En la reciente Cumbre del G-20 en Londres se ha acordado la regulación pública de dichas operaciones.

 

Recientemente leímos un artículo suyo donde daba soluciones a la parte “propia“ de la actual crisis, la de nuestra economía real ¿Puede resumirnos su propuesta?

La recesión que padece la economía española será larga por el hundimiento del sector construcción, que representaba alrededor del 15% del PIB. La sustitución de la aportación de dicho sector al PIB sólo es posible con la exportación de bienes y servicios de otros sectores, lo que requiere que su producción sea competitiva con la de otros países, cosa que no es posible a causa de nuestra baja productividad. Por otra parte, nuestro nivel salarial no permite exportar bienes y servicios de poco valor añadido en competencia con los países emergentes, por lo que hemos de cambiar nuestra estructura productiva a bienes de mayor valor añadido con las reformas estructurales que más adelante expondremos.

A causa de la caída de la actividad económica, las tasas de paro se disparan: 17,2% en el corriente años (4,5 millones de parados) y de casi el 20% en 2010. Es necesario un cambio en nuestro modelo de crecimiento, que es una apuesta a largo plazo fundamental para el aumento de la productividad. Las primeras medidas a adoptar tienen que ir dirigidas a corregir desequilibrios de déficit presupuestario y de déficit exterior. Las acciones han de ir encaminadas a mantener la estabilidad presupuestaria; toda ayuda a las familias o a las empresas, para hacer frente a corto plazo a la crisis económica, deben compensarse con una disminución en otras partidas de gasto. La corrección del déficit exterior requiere cambiar de modelo de crecimiento, pasando del actual, basado en la demanda interna, a otro fundamentado en la productividad.

España tendrá que adoptar un modelo de desarrollo competitivo, no con los países emergentes, sino con los países de la Unión Europea, con Estados Unidos y con Japón. Pero el cambio de modelo productivo no se hace por Decreto, sino por la mejora en la gestión de los factores, que incrementen la productividad. La productividad pone de manifiesto la eficiencia en el uso de los factores de producción, tanto de capital humano como de capital tecnológico y de capital físico; a medida que esta eficiencia es mayor los costes unitarios de producción serán menores, lo que da lugar a un aumento de la productividad y, por tanto, de la competitividad internacional.

Las reformas estructurales deben tener por objetivo aumentar la productividad de los siguientes factores:

  • Capital humano: educación y formación profesional

  • Capital riqueza: infraestructuras

  • Capital productivo: tecnologías de la información y el conocimiento

  • Investigación, desarrollo e innovación

  • Mercado de trabajo

  • Mercado de la energía

  • Liberalización de los mercados de bienes y servicios (supresión de las regulaciones de las Comunidades Autónomas)

  • Administración Pública (nuevo modelo, introducción de criterios de mercado en su funcionamiento, fijación de objetivos, mentalidad empresarial, etc.)

  • Sistema de pensiones públicas: reformarlo para hacerlo sostenible y que no incida en el déficit público

  • Televisiones públicas: reformarlas para que no incidan en el déficit.

Estas reformas estructurales sólo tendrán éxito si se informa a la sociedad de la situación real en que nos encontramos y de las acciones que son necesarias adoptar, y además que durante su ejecución la transparencia sea absoluta.



Fuente: Newsletter AECA Nº 39 - Mayo 2009