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Editorial


A los auditores no les convence el nuevo Plan General de Contabilidad, según se puso de relieve la semana pasada en Tenerife durante el XVI Congreso Nacional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (Icjce), asociación que representa más del 86% del sector español de la auditoría. La reforma contable -que modifica numerosas normas que afectan al sector, como el Código de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas- "está cargada de incertidumbres y de lagunas que complican nuestra profesión", según los auditores. Una opinión que contrasta con la del órgano supervisor, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), que considera que la reforma ha seguido un proceso consensuado y que se adapta a las normas internacionales. Las perpetuas diferencias entre el supervisor y los supervisados han estado presentes a lo largo de todo el proceso de tramitación de la reforma, que se aplicará en los mismos términos en como fue aprobada el pasado julio, a pesar de las numerosas recomendaciones presentadas por los auditores para modificar el plan y que, según ellos, no han sido oídas.

El problema es que el distanciamiento entre los profesionales privados de la auditoría y la Administración no sólo existe en el terreno contable. Da la impresión de que el Icac no baja al terreno de las firmas de auditoría, que, al percibir la apatía del organismo regulador, optan por mirar hacia otro lado por clamar en el desierto. Está claro que una institución como el Icac necesita más medios económicos y humanos. Si no, es complicado exigir a los revisores que cumplan su papel de guardianes de la transparencia empresarial. Y, desde luego, es imposible olvidar tan pronto las consecuencias de los escándalos contables de 2002.

Sería necesario, en definitiva, que hubiera un mayor diálogo entre auditores y Administración. En este sentido, desde el sector, se va a crear un grupo de trabajo para elaborar un libro blanco de cara a la creación de un modelo de supervisión público e independiente, en el que estarán presentes asociaciones, reguladores, académicos y el Icac. Iniciativas como ésta pueden abrir el camino a una mayor colaboración.

Fuente: OPINIÓN en EXPANSIÓN de 26-11-2007