Web contable / Artículos de interés /  Solbes somete a examen a todos los organismos y empresas municipales

Por C. Cuesta. Madrid


Un decreto del Ministerio de Economía abre la puerta a la realización de un inventario de todas las empresas, sociedades, fundaciones, ayuntamientos, cabildos y el resto de entidades bajo control del poder local.

El vicepresidente Pedro Solbes lo insinuó nada más llegar al Ejecutivo. Conocedor del fuerte incremento de la deuda y gastos de las entidades territoriales, aseguró que adoptaría medidas para evitar que los riesgos financieros siguiesen una escalada sin control (ver EXPANSIÓN del 29/7/2004).

Los escándalos de corrupción municipal; el incremento de las plantillas de empleados públicos a lo largo de los últimos ejercicios en los ayuntamientos -la suma de trabajadores municipales y de diputaciones (572.319 personas) supera ya al volumen total de empleados públicos del Estado central-; el auge de la deuda local en más de un 52% en diez años, hasta alcanzar los 28.000 millones; y el engorde del número de sociedades controladas por los poderes municipales, han terminado de convencer al vicepresidente económico de la necesidad de exigir un "inventario de entes del sector público local".

Un Real Decreto de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha sido el mecanismo elegido para ello. Y su contenido no oculta la amplitud del propósito: realizar un control exhaustivo de "ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares [...] órganos de gobierno y administración de las áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, comarcas [...], organismos autónomos y entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes" de los poderes locales, "sociedades mercantiles" controladas por la esfera pública municipal, e "instituciones sin ánimo de lucro" entre otros.

En resumen, se trata de someter a examen a todo organismo donde pueda existir gasto público local o donde se pudiera estar escondiendo deuda para apartarla del control de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Los datos que pretende recabar el Ministerio contendrán no sólo la identificación de cada uno de estos organismos o entes, sino también "las fechas de alta, baja o modificación de cada entidad, la finalidad institucional, estatutaria o societaria atribuida a cada sujeto, las competencias que tenga encomendada [...], los recursos que financian la actividad de cada ente [...], el régimen presupuestario y contable [...], y, en el supuesto de entidades de carácter asociativo, a todo lo anterior se añadirá su composición, órganos de gobierno y el porcentaje de participación de cada entidad".

Toda esta avalancha de datos será chequeado por diversos organismo, entre ellos, la Intervención del Estado, las comunidades autónomas y el propio Banco de España.

Esta medida de refuerzo del control sobre los entes municipales deberá ayudar a paliar, en parte, un carencia legislativa generada este mismo año. La reforma del Código Penal que debía haber recogido el endurecimiento, entre otros, de los delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria ha quedado atrapada y sin salida en el parón del ciclo de sesiones del Parlamento por el fin del periodo legislativo.

El letargo de esta iniciativa podrá ser mitigado parcialmente por el examen a los organismos locales que realizarán, entre otros, el Banco de España, institución en la que se encuentra el Sepblac, principal organismo de lucha contra el blanqueo en España.

Pero, pese a todo, este mayor control municipal no terminará de quitar las preocupaciones a Solbes, que deberá seguir prestando atención a las finanzas de otros entes territoriales, las comunidades autónomas, donde la deuda supera ya los 57.000 millones de euros y casi se ha duplicado en diez años.

Bajo la amenaza de los escándalos urbanísticos

La reforma del Código Penal se convirtió en su momento en la gran respuesta del Gobierno socialista frente a la oleada de escándalos urbanísticos en los que aparecían implicados miembros de las entidades locales y ayuntamientos. La reforma pretendía endurecer el tratamiento de algunas conductas en el sector inmobiliario y "dar respuesta a las nuevas realidades criminales", como el crimen organizado o los relacionados con las nuevas tecnologías. Según los expertos, el Gobierno aceleró la redacción del proyecto ante la perspectiva de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo. La reforma ha quedado ahora muerta, en las salas de un Parlamento ya sin actividad legislativa por el fin del mandato.

Fuente: ECONOMÍA en EXPANSIÓN de 28-12-2007