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Por Ignacio de la Torre. Autor de 'Ingeniería financiera'. LID Editorial Empresarial


En el aeropuerto de México DF un avión de Iberia acababa de aterrizar. El presidente, en su momento, de la aerolínea, Xavier de Irala, accedía a la sala de recogida de equipajes rodeado por otros pasajeros de primera clase. Esperándole sonriente, un empleado de tierra de Iberia le ofrecía sus maletas. El presidente preguntó: "¿Y las maletas de los otros pasajeros?", a lo que el empleado respondió: "Que se las apañen". Xavier de Irala refirió esta anécdota en una cena para ilustrar cómo era la aerolínea cuando llegó a la presidencia. Acto seguido agregó: "Me encargué de que esta persona no siguiera trabajando en la compañía".

El 11 de julio se celebró -es un decir- el primer aniversario de una resolución que en su momento aprobaron las Cortes Generales y que pasó y sigue pasando desapercibida para la mayoría de los medios, a pesar de la gravedad de uno de sus puntos. Concretamente, el artículo 16 establecía que: "Las Cortes Generales, con cargo a su presupuesto y para todos los diputados y senadores durante su mandato, abonarán a un plan de previsión social la cantidad correspondiente al diez por ciento de la asignación constitucional".
En otras palabras, sus señorías se dotaron de un plan de pensiones privado que se ha visto confirmado en estos días con la adjudicación del plan al BBVA y la dotación inicial con cargo al presupuesto de 2007 de 2,57 millones de euros.

¿Por qué la confirmación de esta medida y su reciente puesta en marcha es indignante? Por la sencilla razón de que la clase política no ha querido o sabido solucionar la bomba de relojería que el sistema público de pensiones puede padecer a raíz de nuestra formidable crisis demográfica. Nuestras cotizaciones sirven para hacer frente a las pensiones de los actuales jubilados. Se habla del beneficioso impacto de la inmigración en las cotizaciones a la Seguridad Social pero se oculta el hecho de que también se promete a estos trabajadores que si cumplen un número determinado de años trabajando recibirán una contribución de por vida con cargo a las arcas públicas. Para más inri, el superávit que genera la Seguridad Social sirve para enjuagar el déficit de las otras administraciones públicas, déficit que persiste a pesar de la bonanza del ciclo económico. El superávit de la Seguridad Social no debería pertenecer a las administraciones sino, por ley, pasar a engrosar directamente el fondo de reserva. En mi libro Ingeniería financiera señalo muchos casos de empresas y organismos que usan trucos de contabilidad creativa para enmascarar su situación y beneficiar a los directivos. Afortunadamente, muchos de éstos han acabado o acabarán en la cárcel.

En casa del herrero...

Lo más chocante es que los políticos han aprobado una reforma contable para las compañías cotizadas por la que éstas deben comunicar siempre cualquier obligación futura o fuera de balance. El Reino de España reconoce los ingresos provenientes de la Seguridad Social, pero nadie cuantifica el compromiso que asume frente a los futuros retirados. O sea, que dicta normas para los demás que no asume como propias. En otras palabras, se reconoce hoy lo positivo y se oculta lo negativo, en este caso, la bomba contable que implica la bomba demográfica. Como cada vez cotizarán menos trabajadores, debido a que apenas nacen niños, el impacto de esta obligación no reconocida puede representar, sin duda, la mayor deuda contraída por España en toda su historia. Nuestra clase política no se corta cuando se trata de su futuro. Cuando ha percibido esta doble bomba contable y demográfica procede a solucionarla para sí misma, en el peor ejercicio de despotismo ilustrado y ante nuestra apatía. ¡Vivan las cadenas!

La sociedad civil debe denunciar estos abusos e hipocresías. Debemos luchar para que se solvente el problema de las pensiones y la medida mínima que podemos exigir es que se anule esta disposición de las Cortes hasta que sus señorías no hayan solucionado el problema general de las pensiones. Siguiendo la expresión de Irala, debemos asegurarnos de que el maletero solucione el problema de todos, no el del jefe a la vez que desprecia el de los demás. De lo contrario, nos corresponderá a nosotros contribuir a que estos políticos no sigan en la compañía.

Fuente: FIRMAS en EXPANSIÓN de 17-07-2007