Web contable / Artículos de interés / Los técnicos de Hacienda piden una mayor vigilancia en las ayudas al alquiler

Por María A. Caro. Madrid

Según datos del INE, existe casi un 2% de viviendas cedidas gratis o a bajo coste, normalmente entre personas vinculadas, que podrían beneficiarse de la subvención.


Con el propósito de evitar un vacío legal que permita a las viviendas cedidas beneficiarse fraudulentamente del Plan Chacón, el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública solicitará una modificación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal que les permita la supervisión de las ayudas directas al alquiler, así como el control de las reducciones y deducciones fiscales.

En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 977.306 alquileres no declarados en nuestro país, lo que representa el 60,5% del total del parque de viviendas alquiladas y unas rentas sumergidas de 1.800 millones de euros anuales aproximadamente.

Falta de recursos

José María Mollinedo, vicepresidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), explica que ellos tienen competencias en lo que respecta a la vigilancia de las deducciones fiscales en renta, pero para las ayudas directas de los 210 euros mensuales, en principio, no. "El organismo controlador está todavía por determinar, pero sería la Intervención de las CC.AA porque las ayudas las van a gestionar ellas", señala Mollinedo.

El sindicato considera que "las intervenciones de las Comunidades Autónomas están diseñadas para controlar la contabilidad y el gasto de las autonomías, pero no para hacer un control exhaustivo de las ayudas que ofrecen porque no tienen personal suficiente".
Asimismo, este colectivo considera necesario un cambio normativo en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se delimiten mejor los derechos y obligaciones de las partes y el establecimiento de garantías para arrendador y arrendatario.

En cuanto al momento en que se podrá entrar a evaluar el impacto del Plan Chacón, Mollinedo destaca que habrá que esperar dos años para poder analizar las repercusiones. De momento, está pendiente la elaboración de un anteproyecto y toda la tramitación posterior hasta que su conversión en ley y, por tanto, la eficacia de la medida no se podrá estudiar de modo inmimente.

En materia fiscal, Gestha estima que la reducción del IVA para la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler de renta básica a 25 años y la tributación al 1% en el Impuesto de Sociedades a las sociedades y fondos de Inversión Inmobiliarias para su negocio de arrendamiento, lograrán equilibrar el peso de los mercados de alquiler y propiedad.

¿Dónde están los riesgos?

Los funcionarios del Cuerpo de Gestores de la Hacienda Pública ven en las ayudas directas al alquiler de vivienda para jóvenes, así como en las desgravaciones fiscales en renta al alquiler de viviendas una vía abierta al fraude. Los principales riesgos potenciales que estos expertos observan derivan de la justificación de esos alquileres. Actualmente los contratos se hacen en un documento habitualmente no normalizado y no se paga la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Conscientes de esta situación, el Ministerio de Vivienda ha pactado que los propietarios que alquilen tanto al colectivo con derecho a las ayudas directas como al colectivo con derecho a la desgravación por alquiler, una reducción fiscal del 100% y no tengan que declarar nada por el alquiler y, de esa manera, los propietarios hagan un contrato legal. Para hacer uso de esta deducción los contratos necesariamente deben ser legales y las fianzas deberán depositarse en los respectivos servicios de las autonomías. Los técnicos de Hacienda alertan del peligro de que los propietarios de las viviendas cedidas gratuitamente formalicen un contrato para hacer uso de la reducción desvirtuando el fin de la medida, que no es otro que ayudar a los jóvenes a emanciparse y fomentar el alquiler de viviendas vacías.

Fuente: ASESORES DE EMPRESAS en EXPANSIÓN de 05-10-2007